Mientras esperan que la Legislatura sancione el nuevo Código Procesal Penal, los Tribunales de Tucumán han comenzado a preparar el terreno para lo que será una amplia reforma del proceso civil. Esta enmienda no sólo ha de reflejar los cambios de la ley de fondo (el año pasado entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación), sino también las experiencias de los países latinoamericanos. Con el afán de “crear un ambiente” propicio a esta transformación, a mediados del mes pasado disertaron Santiago Pereira Campos y Jaime Arellano Quintana, dos expertos convocados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Antes de exponer sus puntos de vista al público reunido en el salón Juan B. Alberdi, los integrantes del Consejo Directivo del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas (CEJA) expresaron que la reforma del proceso civil tiene un doble propósito: garantizar el acceso a la Justicia, sobre todo a los ciudadanos de menos recursos, y solucionar los grandes conflictos. Los especialistas enfatizaron que ambos asuntos son igualmente importantes: “por un lado estamos resolviendo los problemas del día a día de la gente común y, por el otro, estamos resolviendo cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de generar grandes negocios y desarrollar económicamente el país. Este último tema interesa especialmente en Argentina y, en general, en toda Latinoamérica”.
El quid radica, fundamentalmente, en avanzar hacia la oralidad. “En un proceso, lo oral debe importar más que lo escrito”, afirmó el experto chileno Arellano Quintana. Según su criterio, el Poder Judicial ha de privilegiar lo que se plantea directamente ante el juez: “necesitamos una Justicia más cercana a la gente, que los ciudadanos puedan ver el rostro del magistrado y que este sepa cuál es el problema que debe resolver de la forma más transparente posible e, idealmente, en la misma audiencia”. Durante la entrevista en la vocalía de Claudia Sbdar, Arellano enfatizó que es importante que las partes se retiren del Poder Judicial comprendiendo qué pasó en el transcurso de la audiencia. “Eso, a su vez, debiera traer una justicia más rápida”, agregó luego de reiterar que centralmente había que romper con el proceso escrito sustanciado a través del abogado.
Pereira Campos profundizó la idea de su colega y llamó a superar el modelo del juez apegado al expediente. “Este es el principal cambio de paradigma y exige que el magistrado esté preparado para trabajar en la audiencia con los abogados en un esquema de colaboración y de equipo”, definió. El letrado uruguayo y vicepresidente de CEJA manifestó que hacían falta jueces que trabajen codo a codo con las partes para llegar juntos a la mejor solución en el menor plazo posible.
“Se trata de un juez que se prepara para ir a la audiencia, que conoce de antemano las posiciones de las partes y que, por ende, puede proponer soluciones”, explicó Arellano Quintana, que fue viceministro de Justicia durante el Gobierno del ex presidente Ricardo Lagos (marzo de 2000 a marzo de 2006). “Es un magistrado que es capaz de ir a buscar la información, que no está echado en su asiento, sino que desempeña su función en forma proactiva”, instó.
Aprender de los otros
Pereira Campos comentó que casi todos los países latinoamericanos están sancionando nuevos códigos procesales o bien están empezando a implementarlos o están en una segunda etapa de reformas o están al menos evaluando hacer cambios. Argentina no es una excepción en este movimiento regional (en el ámbito nacional hay un nuevo Código Procesal Penal cuya vigencia fue suspendida por el Gobierno de Mauricio Macri). “Este tema se ha colocado en la agenda pública como una cuestión de especial sensibilidad para los ciudadanos en el sentido de encontrar una forma de resolver los conflictos de una forma más sencilla”, expresó Pereira Campos. Y dijo que en CEJA querían aportar las experiencias de los países adelantados en la materia: Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia. “Esto es muy interesante porque permite aprender de los errores y de los aciertos ajenos en la búsqueda de un sistema que cumpla los objetivos pretendidos”, reflexionó el investigador.
Arellano Quintana expresó que la reforma de la Justicia civil debe ser pensada desde la ciudadanía y desde sus problemas, y no desde la perspectiva de los jueces y de los abogados, como suele suceder. “No se trata de cambiar el código hacia lo que la magistratura considere que es más cómodo, sino para solucionar los conflictos de manera más rápida y cercana a la sociedad”, insistió. El experto indicó que el Poder Judicial es criticado en Latinoamérica por sus reglas procesales. “Esto es una cuestión que depende del Poder Legislativo, pero es importante que haya una política pública integral, que los sistemas judiciales sean diseñados por los tres poderes del Estado”, opinó. Arellano consideró que un cambio funciona sólo si todos se han involucrado en él y se concibe una planificación adecuada. “No se hace sólo un código nuevo: también hay que proyectar qué edificios, qué tecnología y qué capacitación hacen falta para implementarlo de la mejor manera”, advirtió.